Informe de la ONU denuncia casas clandestinas de torturas y horripilantes prácticas del régimen de Maduro

septiembre 22, 2022 3:13 pm

Casas clandestinas de torturas esparcidas en Caracas, órdenes emitidas desde la más alta jerarquía del régimen de Nicolás Maduro, testimonios sobre el simulacro de ejecuciones, violaciones sexuales y otras horripilantes prácticas. Estos son los puntos que se destacan en el tercer informe presentado esta semana por la comisión de crímenes de lesa humanidad de la ONU.

El informe que esboza el cruel rostro de la represión del régimen socialista de Caracas será discutido la próxima semana en la ONU en una sesión donde países miembros podrían emitir recomendaciones.

El documento, que también recoge testimonios sobre la participación de personal cubano en sesiones de entrenamiento, enfatiza nuevamente que los organismos de inteligencia de Venezuela — el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contra Inteligencia Nacional (DGCIM) — continúan utilizando sistemáticamente la tortura contra la población, aún cuando “la disidencia política ha sido en gran medida reprimida”.

“Los delitos y violaciones cometidos por miembros del SEBIN y de la DGCIM… revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas. Personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas, y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género”, resalta el documento.

El informe también resalta que ambos organismos de inteligencia son parte de una “maquinaria diseñada y desplegada” para reprimir la disidencia y consolidar el poder del régimen. “Este plan fue orquestado al nivel político más alto, liderado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”, dijo la presidenta de la comisión, Marta Valiñas, en la presentación del estudio.

El informe devela que identificó más de una decena de lugares convertidos en centros clandestinos de tortura que incluyen viviendas, galpones e incluso oficinas gubernamentales.

La misión investigó el caso de 122 militares y civiles asociados a ellos que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DCGIM.

La misión dijo que funcionarios del organismo de inteligencia militar detuvieron a disidentes y opositores, “ya fueran reales o percibidas como tales”, en base a criterios como su presunta participación en complots contra el régimen, sus funciones de liderazgo o su potencial de liderazgo,

De la misma manera, las personas podrían ser blanco de arresto y eventual tortura dependiendo del papel que jugaban dentro de la oposición política, sus críticas públicas al régimen y si podían ser extorsionadas.

“En algunos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel participaron en la selección de los objetivos”, señala el documento..

La DGCIM recopila información sobre personas objetivo a través de pistas, fuentes militares, una red de informantes, la infiltración en sectores de la oposición o la vigilancia telefónica y digital, a menudo sin ninguna orden judicial.

La misión documentó numerosas irregularidades durante las detenciones llevadas a cabo por la DGCIM. Estas incluyen la falta de presentación de órdenes de detención, o detenciones sustentadas en pruebas falsas y un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, que en algunos casos incluyeron el uso de armas de fuego contra personas ya detenidas.

“Otra táctica frecuente de la DGCIM fue arrestar u organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse”, señaló.

“Según exempleados de la DGCIM y otras fuentes, la DGCIM planta o manipula habitualmente las pruebas para inculpar a los objetivos. Las tácticas incluyen la colocación de armas o propaganda política en los hogares de los objetivos, o el uso de la tortura para presionar a los detenidos para que formulen falsas acusaciones”, agregó.

El documento resalta que los organismo de inteligencia emplearon la tortura para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes.

“Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Por lo general, se torturaba a las personas detenidas durante los interrogatorios que tenían lugar inmediatamente después de la detención, pero en algunos casos se torturó a algunos detenidos durante períodos superiores”, señaló el informe.

La DGCIM recurría a una serie de métodos de tortura tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica.

Las sesiones podían provocar lesiones físicas graves y/o permanentes, así como graves traumas psicológicos y depresión. “La Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM”, resalta el informe.

Los funcionarios de la DGCIM también perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos.

Dichos actos incluían la violación, las amenazas de violación a las personas detenidas y/o a sus familiares, la desnudez forzada, los tocamientos de los órganos sexuales, las descargas eléctricas o los golpes en los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación de los genitales.

Por otro lado, el informe recoge los testimonios de varios exfuncionarios de la DGCIM, manifestando que “agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM”.

La misión revisó además los acuerdos confidenciales escritos entre los gobiernos de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales. Estos acuerdos se remontan a 2006 y la cooperación continuaría vigente, señala el documento. AP

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