Farc y el proceso de paz: “Tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos”

–Los cabecillas del equipo negociador de las Farc en La Habana, afirmaron: “Tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos”. Según ellos, la mayoría de lo pactado hasta ahora «no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales».

«Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones», precisan en un comunicado que titulan «El gobierno debe ir más allá de la retórica», y en el cual se pronuncian sobre el acuerdo al que llegaron con el gobierno colombiano de eliminar «el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana».

Al efecto subrayan que «el fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado».

Manifiestan que «en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos» y que «ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía».

Subrayan que de acuerdo con lo pactado, «la Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz», sobre lo cual, advierten, «existe aún mucha deficiencia».

Tras referirse a lo expuesto por el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle Lombana sobre el conjunto de los Acuerdos parciales, «a veces dándole su propia interpretación», señalan que «lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir», complementan.

Sobre los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, dicen que por metodología se ha separado la discusión de cada tema, pero puntualizan que todos están interrelacionados y que «no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra».

Aquí es donde advierten que «tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello», pero llaman la atención en torno a «las salvedades» y «en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando».

Luego hacen referencia al acuerdo sobre la reforma rural integral y destacan el pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

Sin embargo, consideran que «lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra» y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.

Luego hablan de las «salvedades», esto es los puntos que han sido «congelados» o aplazados y establecen que «no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.

«Hemos dicho–prosiguen–, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.

«Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades».

Sobre el punto de la participación política, relievan que se concretaron acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla».

Añaden que «un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios».

Según manifiestan, lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.

Posteriormente hacen alusión al punto del narcotráfico y reseñan que «acordamos liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública».

A partir de ahí –advierten–es que las Farc hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

Además precisan que para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.

Igualmente subrayan que aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.

De otra parte, los cabecillas de las Farc dicen que «para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía».

«El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio», complementan.

«Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles».

Se refieren a la posición del gobierno de que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil y que esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz” y puntualizan:

«Estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las Farc ya no usarán las armas para hacer política…»

Agregan, empero, que «esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las Farc ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social».

Sobre Justicia transicional plantean: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes.

Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento».

«El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las Farc, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.

Finalmente abordan el acuerdo sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo:

«Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.

Y concluyen: Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.