Más de 350.000 viviendas se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable y deben ser reubicadas, manifestó la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, durante la presentación del balance de acciones que la Cartera a su cargo ha ejecutado en atención a la población damnificada por los efectos del Fenómeno de la Niña.
Ante la Comisión Primera del Senado, la alta funcionaria entregó la información sobre las medidas que a través de decretos se han expedido para actuar de manera integral y rápida en mitigar los efectos que el Fenómeno De La Niña ha causado, en diferentes regiones del país, afectando la calidad habitacional y el suministro de agua potable para los colombianos.
“Tenemos más de 700 municipios afectados en todo el territorio colombiano. En el tema de vivienda hay alrededor de 3.000 viviendas destruidas y más de 350 mil viviendas que hoy están en zonas de alto riesgo no mitigable”, aseguró la Jefe de la Cartera de Ambiente y Vivienda.
Manifestó que al amparo de la declaratoria de emergencia, se han podido expedir decretos con fuerza de ley que permiten no sólo generar mecanismos de oferta, sino de demanda para poder darle respuesta a la población más pobre que ha sido damnificada.
“El esfuerzo de nuestro Ministerio se ha focalizado en pleno hacia asegurarle a los hogares pobres y a los hogares que requieren una reubicación, la capacidad de adquirir una vivienda, nos estamos moviendo en todo el país no solamente en vivienda urbana sino también en vivienda rural”, dijo Uribe Botero.
La Ministra recordó que a las familias damnificadas no se les puede cobrar por servicio de agua, acueducto o alcantarillado que no se haya prestado a causa de las fuertes lluvias
“Estos hogares que además quedaron muy frágiles en materia económica recibirían un subsidio por 6 meses para que puedan ser capaces de pagar los servicios públicos una vez se reanuden estos” Informó la Ministra.
Entre otras de las medidas está la utilización de maquinaria decomisada de manera preventiva en hechos delictivos como la minería ilícita para hacer obras de infraestructura en las zonas afectadas y la ejecución de la mano con las entidades territoriales de proyectos integrales de desarrollo urbano (PIDUS) que se convertirán en el nuevo mecanismo de hacer intervenciones habitacionales de gran escala.