El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la directora de Gobernabilidad Territorial, Sandra Devia, aclaró que respecto a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de emitir una alerta temprana en la zona de San Bernardo del Viento por la presencia de bandas criminales, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, CIAT, hizo las recomendaciones pertinentes.
El 10 de agosto, el comité conformado por Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de la Defensa, Acción Social, Policía Nacional, Ejército Nacional y el DAS, recibió el Informe de Riesgo 011 de la Defensoría del Pueblo, en el cual se señala que la presencia de las bandas criminales los Rastrojos, los Paisas y las Águilas Negras estaban generando desplazamientos forzado, reclutamiento forzado, explotación sexual, homicidios selectivos y masacres.
“El 17 de agosto el Comité evaluó el informe de riesgo. El 24 de agosto el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas emitió las recomendaciones dirigidas al Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera, al Director de la Policía Nacional, General Oscar Naranjo, al Director del DAS, Felipe Muñoz y a la Gobernadora de Córdoba, Martha Saenz Correa, entre otras instituciones, con el fin de salvaguardar la integridad de la población civil”, explicó la funcionaria.
Entre las recomendaciones sugeridas a los organismos judiciales y de seguridad están: adoptar medidas efectivas de seguridad a fin de garantizar la protección de los derechos a la vida, libertad, integridad física y bienes de la población de los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero, así como su libre movilización, neutralizando el accionar de los grupos armados ilegales en los municipios de Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos.
Así mismo, ejercer un mayor control en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero, como en las vías terrestres con el fin de evitar las acciones delincuenciales, permitiendo la captura y judicialización de las personas vinculadas con los grupos armados ilegales.