La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que los jueces de Justicia y Paz no tienen competencia para analizar como pruebas, los archivos existentes en computadores, CD´s y USB´s pertenecientes al desmovilizado paramilitar, Francisco Javier Zuluaga alias “Gordo Lindo”.
El alto tribunal aseguró que es la justicia ordinaria, la encargada de analizar y dirimir la legalidad de las pruebas allí encontradas y establecer así los hechos punibles evidenciados se produjeron o no antes de la desmovilización.
En consecuencia, según el magistrado Sigifredo Espinosa, “las pruebas deberán ser remitidas a un juez de control de garantías que opere entre la orbita ordinaria, si las evidencias se refieren a delitos posteriores o no a la desmovilización”.
Así, la competencia quedará en manos de la justicia ordinaria quien debe evaluar el contenido de esas piezas procesales incautadas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.