Por derecho de petición, instituciones privadas a entregar información

noviembre 2, 2008 9:44 am

Un proyecto que reglamenta el derecho de petición ante particulares y cuyo soporte y finalidad es desarrollar el contenido de la segunda parte del artículo 23 de la Constitución Política, fue radicado por los senadores Claudia Rodríguez de Castellanos y Rodrigo Lara Restrepo, ante  el Congreso de la República.

 

La segunda parte del artículos 23 de la Carta establece como objeto de reglamentación el derecho que tiene todo ciudadanos a hacer solicitudes respetuosas ante entidades particulares y la obligación de éstas a responderlas pero guardando la reserva sobre a aquellas cosas que la Ley establece.

 

Con tal finalidad en el primer artículo se establece que las organizaciones privadas son las mismas personas jurídicas de derecho privado, es decir que en dicho término quedan incluidas las fundaciones, las agrupaciones, y dentro de estas las corporaciones, las Asociaciones y las sociedades civiles y mercantiles.

 

Por ser este derecho una figura excepcional, se establecen dos limitaciones, que nunca podrán ser entendidas en forma amplia, sino todo lo contrario literalmente y en sentido restrictivo, a saber:

 

En primer lugar, cuando el derecho de petición se invoque ante organizaciones privadas que no presten servicios públicos, sólo puede ser ejercido por quien tenga interés particular en su resolución; y en segundo lugar sólo se podrá interponer cuando la organización privada: preste un servicio público, cuando el solicitante tenga relación de subordinación o indefensión con tal entidad, cuando se requiera para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido los bancos de datos, y finalmente ante quienes tengan relaciones laborales..

 

 Asimismo se consagran causales de improcedencia del derecho de petición, a saber: cuando se trate de solicitar documentos que estén protegidos con reserva legal, en tal evento al responder la petición se debe indicar la disposición legal en que se funda la negativa; cuando se trate de datos, informaciones y documentos que hacen parte del ámbito de la gestión privada de la entidad; cuidando se refiera a asuntos diversos de los servicios que presta la organización particular, y finalmente para impugnar providencias o decisiones tomadas por la entidad y que tengan que ver con su funcionamiento.

 

Se establece el término de 15 días para que responda la petición.  Cuando se soliciten copias éstas corren por cuenta del peticionario.  Expresamente se determina que como estamos frente a un Derecho Fundamental, éste se puede hacer efectivo mediante la acción de Tutela, y en  tal evento su incumpliendo acarrea las sanciones propias por el incumplimiento de la Tutela.

 

Finalmente para evitar la congestión en las altas corporaciones, que puede traer consigo tal acción de tutela, expresamente se dice que su competencia en primera instancia corresponde a los jueces singulares del domicilio del peticionario.

 

Con la propuesta se pretende desarrollar esa medida para proteger al individuo que en ocasiones se encuentra en una situación de enorme vulnerabilidad frente a los poderes privados. Además, con ello se estimulará la conciliación de intereses y la solución de conflictos ante de que los desacuerdos terminen en procesos judiciales.

 

 

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