Modificaciones al «pase» de conducir y subsidios para adultos mayores e incapacitados define el Congreso

conductor

La plenaria del Senado de la república abocará este martes la aprobación de un proyecto de ley que modifica las actuales licencias de conducción, para que se le incorporen dispositivos electrónicos que permitirán la lectura de datos.

Sin embargo, según el proyecto que reforma el código Nacional de Transito en la materia, se garantiza que el cambio del documento no implicará ningun costo para los interesados.

La iniciativa que cumplio tercer debate en la Comisión Sexta, da un plazo de 48 meses para efectuar el cambio, el cual se contará a partir de la implementación del Registro Único Nacional de Tránsito, sin costo alguno, pero con la exigencia de un paz y salvo y certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir.

En la norma se le otorgan facultades a los gobernadores y alcaldes para decretar amnistías a los infractores de tránsito y para adoptar medidas de saneamiento de cartera de infracciones, hasta el 31 de diciembre de 2009.

Las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte sobre los centros de reconocimientos de conductores y el correspondiente certificado de aptitud física, mental de coordinación motriz, serán elevadas a la categoría de ley.

Tambien faculta al Ministerio para reglamentar el tema y otorga un plazo de 12 meses para que los actuales centros se adapten a la reglamentación.

Así mismo el proyecto establece condiciones mínimas de funcionamiento y de calidad tanto para los centros de reconocimiento de conductores como para los centros de diagnóstico automotor, los cuales vienen funcionando desde hace años sin dichas condiciones y sin las herramientas que permitan a las autoridades controlarlas eficientemente.

PARA ADULTOS MAYORES

–Un subsidio mensual del 50% del salario mínimo legal vigente para el adulto mayor y personas con discapacidad severa de estratos 1 y 2 que se encuentren registrados en el Sisben, será instaurado en el pais, si se aprueba un proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República.
El proyecto de Ley, que modifica la ley 100 de 1993 en sus artículos 257 y 258, ya hizo tránsito en la Cámara de Representantes y esta semana se define su suerte en el Senado de de la república.

La iniciativa busca beneficiar a los adultos mayores de 65 años, personas en condiciones de discapacidad severa, o en extrema pobreza, quienes para beneficiarse deben establecer su condición con base en la encuesta del sisben, visitas domiciliarias por trabajadores Sociales de las E.S.E.S y demás entidades que permitan ratificar la condición de vulnerabilidad.

Según sus proponentes, en una primera etapa, se aspira a que sean atendidos un promedio de 450.000 adultos mayores de niveles 1 y 2 del Sisben, así mismo adultos mayores con discapacidad severa a partir de los 50 años.

Los costos para el financiamiento de este proyecto son de un billón trescientos mil pesos, provenientes del fondo de subsistencia.

Adicionalmente en los presupuestos de cada año, se asignarán las partidas necesarias, indica la iniciativa.

PARA LOS DIPUTADOS

–A sanción presidencial pasó un proyecto de ley aprobado en último debate por el Senado de la Republica que establece normas en materia salarial y prestacional para los diputados de las Asambleas departamentales.

Según la iniciativa, los diputados tendrán derecho a Seguro de Vida, auxilio de cesantía e intereses, vacaciones, prima de Navidad y prima de servicios.

Sin embargo, la norma aclara que en el evento de que el diputado no pueda asistir a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias, las cesantías se liquidarán en proporción al tiempo de servicio.

En la conciliación del texto, entre lo aprobado por Cámara y por Senado, se determinó que las Asambleas Departamentales deberán disponer, según la categoría del departamento, el tope máximo de reconocimiento a los diputados en materia de prestaciones, primas o gastos de representación a que tengan derecho.

De igual manera, se estipuló que en caso de vacancia causada por secuestro, el titular conservará los derechos remuneracionales y prestacionales previsto en la ley e igualmente los llamados a reemplazarlos temporalmente tendrán sus mismos derechos.

Finalmente, se pactó que los pagos correspondientes a la remuneración para los diputados en situación de secuestro no se computarán dentro de los límites establecidos en el artículo 8 de la Ley 617 del 2000, que hace referencia al valor máximo de los gastos de las asambleas y contralorías departamentales