PERSONERÍA CUESTIONA APLICACIÓN DE NORMA PARA EVITAR QUE INQUILINOS EMBALEN A DUEÑOS DE PROPIEDADES CON SERVICIOS PÚBLICOS

enero 29, 2007 2:38 pm

/12:15 am

La Personería de Bogotá reveló excesos de trámites en las empresas de servicios públicos de la ciudad, en tanto no han facilitado los mecanismos para que los usuarios puedan denunciar los contratos y romper la solidaridad con los arrendatarios de los predios, cuando estos entran en mora en los respectivos pagos.

De acuerdo con un estudio elaborado por la Delegada para Infraestructura Urbana y Servicios Públicos, la mayoría de las Empresas de Servicios Públicos en la ciudad están dificultando la aplicación del artículo 15 de la ley 820 de 2003, o Nueva Ley de Arrendamientos, a través de dos obstáculos que impiden el cumplimiento de la norma: el primero es el desconocimiento que los usuarios tienen de dicho beneficio por falta de campañas pedagógicas de las empresas prestadoras.

El segundo está relacionado con la falta de productos por parte de las aseguradoras, pues la mayoría de compañías ofrecen paquetes completos para inmobiliarias y no pólizas de seguro exclusivas para los servicios públicos de inmuebles residenciales arrendados, debido a las pequeñas cuantías asegurables por consumo de esos servicios.

La norma contempla mecanismos legales que permiten a los arrendadores romper la solidaridad en materia de servicios públicos siempre y cuando exijan a los arrendatarios las garantías o fianzas para cubrir dichas obligaciones. Sin embargo, de acuerdo con cifras suministradas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2005 se presentaron 2.211 reclamaciones por solidaridad, cuando en 2004 dichos requerimientos fueron 1.035. La única empresa que ha hecho uso de los recursos legales, según el informe, es EPM Bogotá Telecomunicaciones, que no se limitó por el impedimento de la carencia de seguros, y optó por el mecanismo de recibir depósitos en dinero a favor de las empresas.

Ante este panorama, las empresas establecieron procedimientos engorrosos para que los propietarios de los inmuebles puedan denunciar los contratos de prestación de servicios para romper la solidaridad de pago con los inquilinos y sean ellos quienes paguen las deudas.

Tal es la inoperancia de la norma, que en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no hay contratos denunciados ni aprobados; en Codensa han denunciado 12 y sólo han aprobado uno; en EPM Bogotá Telecomunicaciones han aprobado 9.124 contratos; mientras que no hay información de ETB. La ruptura de la solidaridad no aplica para el servicio de aseo, en tanto no puede ser suspendido por no pago pues está protegido constitucionalmente por estar relacionado con la sanidad básica .

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